Al presentar Rodríguez Ferreiro el 27 de marzo de 1999 su dimisión como alcalde de Os Blancos y con él abandonar el Concello los siete concelleiros del Partido Popular, Os Blancos vivió una situación insólita y única en la historia de la democracia de este país. El hecho de que fuera imposible conformar una Corporación para agotar lo que restaba de mandato (incluso los suplentes de la lista del PP anunciaron que renunciarían a su escaño), forzó a intervenir en este caso a la Deputación de Ourense para nombrar una gestora que se ocupara de completar la legislatura.

Una de las primeras decisiones que tomó aquella gestora que presidió José Devesa González, fue la de encargar una auditoría externa de la situación del Concello de Os Blancos.
La auditoría concluyó en su momento, pero jamás se supo de sus conclusiones, balance de cuentas y estado real del Concello. Según pudo saber Ourense Dixital, la empresa encargada de la auditoría entregó dos informes, uno al presidente de la gestora y alcalde de Os Blancos, y otro al titular de la Deputación de Ourense que lo habría confinado en un cajón de su despacho bajo llave.

La auditoría reflejaba ya irregularidades como las que acabaron llevando a José Antonio Rodríguez Ferreiro a prisión. Por ejemplo, el libramiento de decretos de alcaldía ordenando pagos de 500.000 pesetas hasta completar 7,5 millones que debía uno de los dimisionarios a una casa de automóviles por la compra de su vehículo.
El estudio venía a concluir que el Concello de Os Blancos soportaba dos décadas de una especie de saqueo sistemático a sus cuentas.

Fue también por entonces cuando Os Blancos tuvo que afrontar una inspección de Bruselas de las escuelas taller por las que había recibido suculentas ayudas.
Cuando los inspectores se personaron en el Concello para revisar las instalaciones donde debían encontrarse un tractor y un vehículo que constaba que habían sido adquiridos, entre otra maquinaria, sólo pudieron encontrar dos carretillos, unos martillos y tres o cuatro herramientas más.

También se pudo constatar como se le había adjudicado obra pública a una empresa que todavía en 2008 no tenía cuenta de cotización, luego ningún empleado más que su titular. Esa empresa era también de uno de los dimisionarios, que, nada más recibir la adjudicación de la obra, la subcontrataba al 100%, en su totalidad, práctica prohibida por ley. Hoy en día el administrador de esa empresa es la mujer de un ex alcalde de Os Blancos, la contabilidad fue confiada a la gestoría del actual alcalde de Xinzo de Limia, y Os Blancos no fue el único concello de A Limia que contrató con esta empresa.